Justicia o Venganza

Al margen de la ideología política que podamos abrazar o aborrecer cada uno y de la comunidad autónoma que habitemos, hemos de reconocer que en la última década la democracia en España se ha conducido por unos derroteros que la están abocando al abismo.

Lo que empezó como una crisis económica en 2008 ha derivado en una merma constante de derechos y libertades fundamentales que se ha traducido en austeridad, precariedad generalizada, salarios de vergüenza y desahucios que han dejado en la calle a montones de personas mientras los bancos y las empresas del Ibex 35 no han parado de enriquecerse a costa de nuestra creciente pobreza.

Hemos aceptado este cambio de condiciones porque no nos ha quedado otro remedio, teniendo que conformarnos con la esperanza de que ya vendrían tiempos mejores. Pero a veces nos olvidamos de los que vienen detrás de nosotros, de esos jóvenes que van a tener un futuro bastante menos prometedor del que en su día tuvimos nosotros. ¿Merecen el mundo que les estamos legando? ¿Merecen tanta austeridad, tanta precariedad y tantos recortes en derechos y libertades?

Los altercados que estamos viendo estos días en las calles de Barcelona y de otras ciudades no sólo de Catalunya, sino también de otros rincones de España, no es plato de buen gusto para nadie, pero es la consecuencia de la ineptitud de nuestros políticos para ejercer el diálogo. Muchos jóvenes de los que participan en esos enfrentamientos con la policía han hecho de la proclama “si siembras miseria, recoges rabia” su bandera.

Es evidente que, como en todas las manifestaciones y en todas las protestas, siempre hay infiltrados de otras ideologías e incluso de la propia policía que se dedican a encender los ánimos para provocar episodios violentos que no deberían darse nunca, porque a base de golpes, de pedradas o de contenedores y coches incendiados no se puede pretender conquistar ninguna causa. Pero también hemos de reconocer, que yendo con el lirio en la mano, poniendo la otra mejilla y respondiendo con sonrisas y con flores a los policías que te están amenazando con una porra o reventándote un ojo con una pelota de goma (aun estando su uso prohibido en Catalunya)  tampoco nuestros líderes han llegado a otro destino que no sea la cárcel o el exilio.

El juicio y la sentencia al proceso independentista han sido la gota que ha colmado el vaso. Durante meses hemos asistido a un continuo desfile de irregularidades, despropósitos, relatos inventados, hechos no probados y pruebas desestimadas que nos han hecho sospechar que la sentencia ya estaba decidida antes de que se iniciara el juicio y que, de ninguna manera, podría ser justa.

Es muy llamativo que, de las doce personas que se sentaron en el banquillo de los acusados, sólo se hayan librado de la cárcel las tres que se han retirado de la política.

También resulta paradójica la condena a Jordi Cuixart y a Jordi Sánchez. Nueve años de prisión por subirse a un coche de la policía con un megáfono a pedirle a la gente que estaba concentrada frente a la Conselleria de Economia que volviesen a sus casas y que se abstuviesen de incurrir en actos violentos.

Si la incitación a la no violencia se pena en España con nueve años de cárcel, ¿cuántos años les caerán a los críos que estas últimas noches están incendiando contenedores y coches en Barcelona?

Esta sentencia se ha dictado para crear jurisprudencia, para abrirle la puerta a más represión y más mano dura, para que cualquier cosa pueda ser tipificada de sedición, de rebelión o  incluso de terrorismo. El pasado lunes se dictó para nueve catalanes, pero mañana se puede dictar para cualquier español. Y eso es lo que resulta más triste y lo que mucha gente no ha advertido aún: que estamos todos vendidos a un estado que puede hacer con nosotros lo que buenamente le plazca con el beneplácito de los partidos políticos y de los sectores del país más conservadores.

Todos los gobernantes y los aspirantes a serlo, sea cual sea su color político, se escudan siempre en que las leyes están para cumplirlas. Estamos de acuerdo en ello, pero siempre que las cumplamos todos y los abusos de poder y la corrupción no campen a sus anchas de la manera tan vergonzosa como lo están haciendo.

Como ciudadanos, tenemos la obligación de conducirnos dentro de la legalidad vigente, pero también tenemos derecho a recibir de los medios una comunicación veraz y no manipulada por las presiones que ejercen las partes implicadas para que se difunda y acreciente el relato que les interese en cada caso.

Si el pueblo tiene la sensación de que le intentan manipular tergiversando los hechos y de que le cambian las reglas del juego a media partida, es lógico que se acabe cuestionando muchas de esas leyes y que las tache de injustas e incluso de antidemocráticas. Pero el problema no son las leyes en sí, sino la forma cómo las interpreta cada uno, según su conveniencia. Y en una verdadera democracia, estas leyes, cuando resultan ambiguas o cuando dejan de ajustarse a la realidad de ese momento, deberían poder actualizarse o cambiarse en pro de mejorar las condiciones de la sociedad a la que afectan.

Cuando el regente de un país está viendo toda una semana seguida cómo tantos jóvenes se están enfrentando cada noche a la policía y tantas personas de toda Catalunya y de muchos otros lugares de España como el País Vasco, Andalucía o Extremadura se están manifestando pacíficamente en las calles o recorriendo cien kilómetros a pie durante tres días en las llamadas "Marxes per la Llbertat", tendría que pronunciarse al respecto. Hacer uso de esa concordia que nunca se cansa de pronunciar para tratar de mediar entre los presidentes del Estado y de la Generalitat para que dialoguen de una vez. Pero no sobre libros ni ratafía, sino sobre lo que les interesa a España y a Catalunya de verdad, sobre lo que merecen esas personas que están viendo mermados sus derechos, sobre los problemas de toda índole que tendrían que resolverse sin demora.

Si un rey no es capaz de exigirle a los responsables de mantener el conflicto que está minando la democracia en su país que lleguen a un acuerdo que beneficie a todos, ¿para qué nos sirve? ¿Sólo para figurar?

Para eso ya tenemos a los influencers y a los que viven del postureo. No necesitamos destinar una partida presupuestaria tan elevada para mantener una monarquía que, ante los problemas, mira hacia otro lado y se desentiende de su pueblo.

Un pueblo que está harto de tanta injusticia, de tanta opresión, de tantos políticos ineptos y de tanta desigualdad.

Nos quieren callados, sumisos, arrepentidos y humillados. A este paso, pronto tendrán tantos independentistas fuera de Catalunya como dentro de ella. Porque ya no es una cuestión de territorio, sino de quienes están al frente. Con políticos tan incapaces de hacer política y con jueces tan obcecados en la venganza, España se está convirtiendo en un lugar no demasiado recomendable para vivir, ni para crecer con autoestima,  ni para soñar con futuros mejores que este lamentable presente.

Estrella Pisa

Psicóloga col. 13749