El Reto de la Salud Mental

No son pocas las voces de expertos en salud mental que, ya desde antes de la pandemia de covid-19, nos están alertando de los peligros de descuidar la inversión en recursos humanos y técnicos en este campo.

Esos peligros se están traduciendo, sin ir más lejos, en un incremento de la tasa de suicidios, hasta el punto de que lideren el ranking en la causa de muerte no natural entre los jóvenes españoles.

Son muchas y muy diversas las circunstancias que pueden llevar a una persona joven al suicidio. Desde una baja autoestima a problemas familiares, falta de habilidades sociales, problemas para encontrar trabajo, desengaños afectivos, deudas, adicciones o una sensación de impotencia perpetuada en el tiempo.

Para ninguna de estas circunstancias puede ser la solución una pastilla. Ningún compuesto farmacológico podrá restituirle a nadie las ganas de vivir, la voluntad de seguir batallando, la ilusión por avanzar, por cruzar más puentes y franquear más puertas que le permitan descubrir realidades nuevas que le satisfagan más que la actual.

Nuestra propia vida es la rosa más hermosa que podemos cultivar. Necesitamos más jardineros que nos enseñen a hacerlo y menos floristas que se limiten a exponernos como sus trofeos, cuando ya carezcamos de voluntad, condenados a languidecer en un jarrón de cristal.

Cuando una persona alcanza ese punto de casi no retorno, en el que ningún argumento le parece convincente para permanecer aquí, la medicación puede ayudarle a equilibrar su ánimo, relajándola, desviando su atención de su fatídico objetivo mientras se encuentre bajo sus efectos, pero poco más podrá hacer si no se la complementa con una terapia psicológica adaptada a esa persona que sufre y no halla consuelo en nada.

En España la mayoría de la población que sufre no tiene acceso a esa atención psicológica gratuita o, si lo tiene, le resulta ineficaz, porque es muy limitado y las visitas muy espaciadas.

Hace muchos años que desde los colegios oficiales de psicólogos se está reclamando al ministerio de sanidad que amplíe las plazas PIR y convoque más plazas fijas de profesionales de la psicología en atención primaria, tal como ocurre en países vecinos. Pero siempre hay excusas para demorar la toma de decisiones de ese calibre. Cuando no es una crisis económica, es la falta de consenso entre gobierno y oposición. Y, en estos momentos, la crisis del coronavirus les ha venido muy bien a los que gestionan ese ministerio para paralizarlo todo.

En un año y medio nuestra salud mental ha empeorado hasta el punto de que el uso y abuso de psicofármacos se ha disparado por las nubes. Pero nuestra salud física también se ha deteriorado por el modo en que hemos visto limitado nuestro acceso a cualquier consulta con nuestro médico de cabecera. De ningún modo una llamada telefónica puede substituir una visita médica ni puede facilitar un diagnóstico certero. Entre las pruebas de control que han dejado de realizarse, las intervenciones quirúrgicas que han tenido que posponerse o anularse directamente y la sensación de desatención general en la que nos encontramos, no es de extrañar que, más que nunca, la gente opte por automedicarse, sin ser muy conscientes de los riegos que esa opción conlleva.

Si no podemos costearnos una opción de sanidad privada, hoy por hoy, con pandemia o libres de ella, en España estamos vendidos y abandonados a nuestra suerte. En lo que concierne a la salud mental, la situación es aún más grave.

Hace ahora dos años, en julio de 2019, el relator especial de la ONU, Dainius Puras, ya redactó un informe en el que alertaba sobre la desigualdad en salud mental y se lamentaba de que las políticas, la financiación y las prioridades de investigación adoptasen el enfoque biomédico, que ignora los tratamientos alternativos, subestima el papel de la psicoterapia y otras intervenciones psicológicas y sociales y no aborda los determinantes que contribuyen a una mala salud mental.

En dicho informe consideraba que esta cuestión de derechos humanos gravemente descuidada requería una acción urgente. También hablaba de prácticas dañinas, como la denominada “terapia de conversión” para personas LGBTI o los centros privados que utilizan la religión en lugar de la ciencia para tratar los problemas adictivos u otros trastornos psicológicos. No olvidaba, tampoco, la enorme influencia de las grandes industrias farmacéuticas en este ámbito.

A tales industrias les resulta muy rentable que tantas personas consuman sus productos. La psicología no deja de ser un intruso molesto que podría hacer peligrar la integridad de su particular gallina de los huevos de oro. Quizá por ello los distintos gobiernos le ponen tantas trabas al ejercicio de la psicología clínica. La psicoterapia no depende de ninguna industria, sólo de los conocimientos, técnicas y profesionalidad de sus especialistas, con la particularidad de que dota a los pacientes de unos recursos y unas habilidades que les permiten prescindir a largo plazo de los psicofármacos.

Igual que cuando nos rompemos una pierna tenemos que ir un tiempo con muletas hasta que el hueso roto se suelde, pero una vez recuperados de la fractura podemos prescindir de ellas. Cuando una persona supera un problema mental o aprende a convivir con él sin necesidad de sentirse una enferma, puede llegar a prescindir de unos ansiolíticos o de unos antidepresivos que durante un tiempo han sido como una especie de muletas para ella. Pero si no le enseñamos a gestionar sus emociones, a cuestionarse sus limitaciones, a reforzar su autoestima o simplemente a decir NO, esa persona continuará necesitando esas muletas de por vida, porque nadie la habrá enseñado a caminar sin ellas.

Entre las recomendaciones que Dainius Puras detallaba en su informe de 2019 estaban las siguientes:

Reconocer la salud mental como un imperativo de salud mundial.

Eliminar la discriminación en la atención a la salud mental.

Evitar el uso de enfoques que se han quedado obsoletos.

Evitar las prácticas punitivas para abordar distintas problemáticas sociales.

Reducir las desigualdades.

Eliminar factores de riesgo como la violencia, el desempoderamiento y la exclusión social.

Huir de los estereotipos nocivos (incluidos los de género) y la estigmatización en la comunidad, la familia, la escuela y los lugares de trabajo.

Invertir globalmente en salud mental y bienestar.

Incluir la promoción de la salud mental y el bienestar como tema transversal en el desarrollo participativo y la implementación de todas las políticas públicas.

Facilitar desde los estados las condiciones para que la salud mental y el bienestar puedan materializarse.

Cumplir con el derecho a la salud de todos los ciudadanos, manteniendo disponibles, siendo accessibles, aceptables y de buena calidad todos sus determinantes.

Tomar medidas inmediatas para el desarrollo de una estrategia intersectorial con el propósito de promover la salud mental.

Velar por la cooperación y asistencia internacional, equilibrando los esfuerzos de desarrollo para cerrar la brecha de tratamiento.

Implementar políticas y recursos que promuevan intervenciones eficaces para lograr relaciones positivas a lo largo de la vida.

Desarrollar una infraestructura eficaç para la protección infantil y el apoyo familiar.

Eliminar totalmente el cuidado institucional para niños, con o sin discapacitades.

Vigilar el abuso en la administración de psicofármacos en las personas mayores dentro y fuera de instituciones, que tienen derecho a llegar al final de la vida con dignidad.

Adoptar estrategias de prevención en relación con la depresión y el suicidio a través de un enfoque moderno de salud pública que se centre en abordar los determinantes, mejorar las habilidades para la vida y la resiliencia, promover la conexión social y las relaciones sanas, evitando la medicación excesiva.

Conceder alta prioridad al desarrollo de intervenciones de salud pública accessibles para prevenir o reducir la violencia en todas sus formas.

Cuestionar la institucionalización, la violencia y otras formas de coerción, que “hacen más mal que bien”.

Abstenerse y prevenir la acción xenófoga y la retórica que incita a la intolerancia.

Pedir a los distintos estados que desarrollen un conjunto de indicadores más global para medir el progreso hacia la plena realización del Derecho a la Salud Mental.

De tal informe se desprende que las intenciones no podrían ser mejores, pero la realidad a la que nos enfrentamos cara a cara todos los días nos demuestra que, como tantos otros informes llenos de buenas intenciones, éste sigue siendo papel mojado. Porque los estados, y en especial el nuestro, no están por la labor de ponerse manos a la obra para intentar que las cosas empiecen a cambiar.

Alguno de los ministros futuros que asuman la responsabilidad de gestionar una cartera como la de sanidad, tal vez tendría que atreverse a cuestionarse qué es más importante: seguir haciendo millonarias a las industrias farmacéuticas a costa de crear una sociedad integrada cada vez por más drogodependientes e incapacitados permanentes, o dotar a todas esas personas que sufren de los recursos psicológicos que les permitan recuperar el timón de sus vidas.

El día que un ministro de sanidad español se atreva a dar ese paso, podremos considerarnos por fin salvados. Pero mientras ninguno lo haga, estaremos condenados a seguir lamentando demasiadas muertes y demasiado dolor que podría haberse evitado.

 

 

Estrella Pisa

Psicóloga col. 13749

 

Bibliografía consultada: Revista Infocop, nº 86 de septiembre de 2019- Artículo El relator especial de la ONU alerta sobre la desigualdad en salud mental- Susana Villamarín y Aída de Vicente.